Actualizado en Diciembre, 2022
Me encuentro nuevamente con Cechttps://www.linkedin.com/in/cecilia-berlanga/ilia Berlanga Alessio. Cecilia es consultora e investigadora en desarrollo internacional con énfasis en educación y género. En esta ocasión hablaremos de una investigación que lanzó el Banco Interamericano de Desarrollo, “¿Cómo Reconstruir la Educación Pospandemia? Soluciones Para Cumplir con la Promesa de un Mejor Futuro para la Juventud“, respecto a la situación de la educación, un poco incluyendo la educación virtual, a lo largo de América Latina.
A decir verdad, esta será una conversación un poco pesimista, necesariamente, pero esperamos que nos dé un poco de herramientas y que al final nos dé luces sobre qué esperar y qué se puede hacer, como organizaciones, como ciudadanos.
Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, Cristian. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este espacio.
El placer es todo mío. Y como mencionaba, nos reúne el lanzamiento de la investigación del BID El inicio de este documento habla de las crisis que se estamos y continuamos afrontando. Creo que es importante empezar a hablar de los problemas que existen y van a seguir existiendo, aún si en el día de hoy todo se solucionara.
Me gustaría que me hablaras un poco de cómo han evolucionado estas pérdidas en temas de aprendizaje y sus consecuencias económicas a lo largo de América Latina.
Claro que sí. Con el cierre de las escuelas a raíz de la pandemia, muchas instituciones y académicos hicieron estimaciones y estudios que ilustran los escenarios de la magnitud de las pérdidas de aprendizaje y cómo éstas se traducen a pérdidas económicas. Estos estudios se basaron en datos y casos de la historia reciente, donde hubo cierres de escuelas. Claro que la pandemia por COVID es la primera vez en donde se da un cierre prolongado…
…Y global…
…Casi universal, claro, de las escuelas. Pero cierres ya habían ocurrido en algunas ocasiones en diferentes países, por ejemplo, la epidemia del ébola en África Occidental, luego también con huelgas de personal docente,en guerras o conflictos, y fenómenos naturales que obligaron a cerrar las escuelas.
Con base en estos antecedentes, por ejemplo, el Banco Mundial hizo una estimación en donde plantea que esta pandemia actual podría resultar entre 0.3 y 0.9 años de escolaridad perdidos por estudiante, correspondiente a pérdidas estimadas por $1.408 dólares en ingresos anuales por persona. En el escenario más pesimista, si agregamos todo esto, lo que nos dice este estudio del Banco Mundial es que esto equivale a 8% de los ingresos laborales durante toda la vida de una persona, lo cual es bastante alto.
En el estudio del BID publicado recientemente, se concluye que si no se hace nada para para mitigar el impacto del cierre de las escuelas jóvenes de Chile, Colombia, Costa Rica, México y Argentina —los países que tenían los datos disponibles para hacer esta estimación— cada persona afectada dejaría de percibir 11% de sus ingresos laborales a lo largo de su vida. Esto también en el escenario más pesimista.
¿Solventar, o mitigar?
Si se implementaran políticas enfocadas en la recuperación de aprendizajes, el impacto de la pérdida de los ingresos podría descender al 5%. Que de todos modos es bastante, la verdad, si lo vemos dentro de la vida laboral de una persona. La investigación del BID afirma que como consecuencia del flujo de estos ingresos perdidos, solo en estos cinco países podríamos ver una caída del 17% de su PIB agregado en un año. La conclusión a la que llegan las investigaciones, y lo que proponen, es una necesidad fundamental de implementar políticas y medidas de mitigación y recuperación: Cursos de verano, suplementarios o remediales, por ejemplo, cuando hay recesos del periodo lectivo, para que los estudiantes no pierdan la práctica que llevaban de ir a la escuela.
Por supuesto, esto requiere de un gran esfuerzo, porque se requieren obviamente recursos, talento humano; pero para nuestra región se determina como algo fundamental.
Recordemos que ya muchos alumnos estaban rezagados antes de la pandemia. Estamos hablando de dos desafíos: Recuperar la pérdida del rezago antes del COVID, y su profundización a causa del cierre de las escuelas por la pandemia.
Es una situación preocupante sin duda. Y es interesante también, en el sentido de que se habla de repercusiones en varios sentidos. Concentrémonos en las consecuencias económicas. Hablas de un 9 a 11% de reducción de ingresos. Hago un paralelo, no muy perfecto, con con la inflación que hemos sufrido este año a nivel global y que en muchos países en América Latina y en el mundo ha llevado a conflictos sociales, protestas, crisis, situaciones que, no obstante, no hemos visto como respuesta a esta crisis educativa, a pesar de que el efecto es muy parecido.
El estudio del BID pasa de enumerar estos problemas de orden educativo o escolar, que redundan en problemas de ingreso, y estos más adelante van a tener varias consecuencias sociales, económicas, políticas. ¿Qué podríamos esperar en ese sentido en América Latina?
Las consecuencias económicas que hemos visto estarán acompañadas de consecuencias en otros ámbitos en el largo plazo. En las escuelas, aunque ya han ido retomando las clases presenciales, el impacto ha sido muy grande y la secuela seguirá siendo visible en los próximos años.
Las secuelas y género como factor de riesgo
La primera gran secuela que quiero mencionar es la desvinculación escolar, que a mí me parece como una de las consecuencias directas más graves. A partir de simulaciones, el Banco Mundial estimó que alrededor de 7 millones de alumnos en todo el mundo abandonarían la escuela, lo que corresponde al 0.5% de la población estudiantil. En nuestra región esto equivaldría a unos 1.2 millones de estudiantes entre los 6 y 17 años que quedan fuera del sistema educativo.
¿Permanentemente?
Así es. Esto representa un aumento del 15% comparado con la situación pre pandemia. Cabe aclarar que esta cifra corresponde a un escenario pesimista, donde no existe ninguna medida de mitigación.
La desvinculación escolar es tan grave porque de ella derivan otras consecuencias a largo plazo. Una de ellas es la profundización de la desigualdad de género. Es altamente probable que las mujeres o las niñas, una vez abiertas de nuevo las escuelas, simplemente no regresen. Durante el tiempo de confinamiento y de cierre, ellas han tenido que quedarse en casa, y en la esfera privada adoptan ciertos roles, particularmente asociados al cuidado, así como responsabilidades reproductivas. Los cierres contribuyeron a revertir los avances que en la región se habían logrado frente a situaciones como el trabajo doméstico infantil y el embarazo infantil y adolescente, en años anteriores a la pandemia.
Otro tema es la exposición de las niñas y las mujeres a la violencia. En muchos casos la escuela es prácticamente el único lugar seguro para ellas. La ausencia del espacio escolar incrementó su exposición a la violencia, incluida la violencia sexual, que a su vez comprometen su retorno a la escolaridad. Ya contamos con algunos números sobre cuánto ha sido el impacto en, por ejemplo, el embarazo adolescente, aunque a ciencia cierta las cifras reales estarán disponibles en el futuro.
Escuela como centro de servicios sociales, ausentes
Una consecuencia más es la falta de acceso a servicios sociales, porque sabemos que la escuela es más que sólo un centro de donde se brinda educación, sino que también muchas veces sirve como un punto de reunión y un punto de acceso a servicios. Quizás el primer ejemplo es la alimentación saludable y los programas de comidas escolares.
En partes de la región, las escuelas juegan un papel central en la salud, también de acceso a las vacunas y apoyo socio-emocional para estudiantes y familias. Durante este tiempo de encierro, las familias y las y los estudiantes no tuvieron acceso a estos servicios. También esperamos ver consecuencias de esta ausencia en el largo plazo.
El no ir a la escuela además puede aumentar el riesgo de que los estudiantes se involucren en conductas de riesgo, como por ejemplo actividades criminales. Y una consecuencia más, una de la que en mi opinión se ha hablado bastante, es la de salud mental. El estar desvinculado de la escuela es un factor de riesgo para la depresión y otros trastornos asociados a la adolescencia. Esto ya lo hemos visto en diferentes estudios. Entonces realmente aquí el reto es recuperar a los estudiantes para que regresen a las escuelas, de forma que podamos empezar los procesos de reversión.
Otra de las consecuencias a largo plazo está relacionada con la disminución de la movilidad social y su impacto diferencial en los diferentes grupos de ingreso. Un estudio sobre las consecuencias intergeneracionales del confinamiento señala que para estudiantes cuyos padres completaron al menos la educación secundaria, la pérdida de aprendizajes sería alrededor del 10% en promedio; pero para aquellos cuyos padres cuentan con menor nivel educativo, la pérdida sería de alrededor de 60% (PDF). Esta dinámica tiene sentido en la medida en que, durante los momentos de confinamiento más estrictos, eran los padres o las personas a cargo quienes daban seguimiento a la educación de niñas y niños. Un padre con menor nivel de conocimientos, pues no podrá transmitirlos a su hijo o hija de la misma forma que un padre más educado puede. El estudio dice que para el grupo con menor nivel educativo, la tasa de terminación de secundaria alta podría disminuir en un 20%. Aquí podemos ver una vez más cómo los más afectados son las personas que vienen de contextos más vulnerables.
Historial de respuestas efectivas no implementadas
Has ilustrado bastante bien cómo esa secuencia de consecuencias que empiezan en lo educativo, y en lo económico, redundan en lo social, en lo físico, con lo alimentario, psicológico, emocional y en fin, en otras más adelante. Es un poco triste pensar que sabemos muy bien cómo solucionar básicamente todos y cada uno de estos de estos problemas, existen investigaciones, evidencias, metodologías, políticas, casos de éxito. La razón por la que estos problemas existen no es por ausencia de soluciones, sino por… ¿Por qué? Bueno, realmente no sé. Es mi siguiente pregunta, de hecho: ¿Qué nos impide como sociedad, y que impide a los gobiernos, realizar este tipo de inversiones, este tipo de acciones, programas e iniciativas más explícitamente?
Es una gran pregunta. Como ya lo mencionaba, a raíz de la pandemia nos ha quedado claro a todos, pienso yo, que invertir en la educación deriva en diferentes beneficios sociales, relacionados con la movilidad social, la salud, la disminución en actividades criminales y la participación política y ciudadana.
A pesar de la conciencia que adquirimos, nuestra región aún no refleja cambios en el financiamiento educativo. Si nos adentramos en los números, vemos que antes de la pandemia América Latina tuvo una fuerte caída en el gasto público total dedicado a la educación. En 2017, el porcentaje del gasto público total dedicado a la educación era de 17.6%, y en 2019 cayó a 14.6%. Esta disminución se refleja en los déficits que ya existían antes de la pandemia, como la infraestructura escolar, la calidad de los docentes, los resultados de evaluaciones de aprendizaje y el uso y el acceso a las TICs, entre otros.
Cuando empezó la pandemia, este declive salió a relucir. Lo cierto es que la región empezó a afrontar la pandemia ya con un déficit desde el inicio.
Algunos ejemplos solo para ilustrar estos déficits que ya existían en el sector educativo en la región:
- 20% de las escuelas carecían de servicios de higiene básicos
- Las escuelas en contextos más vulnerables tenían a sus docentes en los niveles inferiores de habilidades para integrar tecnologías en la instrucción, esto es, el 55% contra el 68% de las escuelas en entornos más favorecidos (PDF)
- De los países de la región que participan en PISA, y participaron en 2018, en promedio, 69% y 52% de los jóvenes no logró realizar tareas básicas de matemáticas y lectoescritura
- Los resultados de PISA también nos dicen que solo el 22% de los menores de 17 años en escuelas públicas de entornos vulnerables tienen acceso a internet, y el 19% a una computadora en sus hogares.
De nuevo esto nos habla de las desventaja que ya existían desde antes. Y con la llegada de la pandemia, todos los países del mundo tuvieron que reasignar recursos del sector público al sector de salud, para atender la crisis sanitaria, y más adelante tuvieron que incrementar la asistencia social. Todo esto necesariamente comprometió recursos asignados al sector educativo en prácticamente todos los casos.
Reitero que quizás las consecuencias no se hayan materializado aún en su totalidad. Si el tema de presupuesto no se atiende, los impactos de largo plazo serán más graves, y los vamos a ver en la calidad de nuestras vidas y las de las generaciones futuras.
Anatomía de la inacción
Entonces, ¿cómo atacamos estos problemas? De nuevo me enfoco en el financiamiento educativo, porque este ha demostrado repetidamente ser uno de los instrumentos más poderosos que tienen los países a su alcance para afrontar situaciones como las que estamos viviendo.
Para saber cómo invertir adecuadamente, lo primero que tenemos que conocer es la brecha entre lo que se está invirtiendo en la actualidad, y lo que debería invertirse en razón de las necesidades actuales. Que si lo desglosamos, es primero los recursos que ya se necesitaban antes de la crisis sanitaria; y segundo, los que se van a requerir como consecuencia de los efectos de la pandemia sobre los sistemas educativos.
La primera recomendación, proveniente de la UNESCO, es aumentar o mantener la participación del gasto público en educación en al menos 4 y 6% del PIB. En el corto plazo, la rehabilitación de las escuelas y el regreso a clase seguro, es decir con todas las las condiciones de higiene, que haya agua corriente que haya, etcétera, implicaría una inversión estimada en unos $23.087 millones de dólares, que representa el 0.21% del PIB o un poco más del 5% del gasto público destinado a educación en el promedio de América Latina y el Caribe.
Retomando tu pregunta, sí, si sabemos todo esto, y sabemos cuánto es lo que tenemos que invertir, ¿por qué la inversión es baja? Más allá de que quizás no haya recursos suficientes, que puede ser el caso de algunos países, acá puede haber cuatro hipótesis.
- Baja prioridad en las agendas legislativas o políticas. Los déficits de la educación todavía no se perciben como un problema social y por lo tanto no entran en las agendas públicas. Quizás todavía no hay la conciencia suficiente sobre los déficit de educación y cómo estos pueden derivar en problemas sociales después, ni siquiera tan en el largo plazo.
- Necesidad inmediata versus efectos visibles rezagados. El esfuerzo a realizar para contrarrestar los problemas debe tener lugar en el corto plazo, mientras los beneficios se van a ver en el largo plazo. Lo que tristemente significa que queda fuera de las consideraciones de una candidatura y gestión política. Un gobernante que invierta probablemente no verá resultados durante su término, por lo tanto no son programas prioritarios.
- Élites ajenas a la problemática. Es posible que las élites y grupos con influencia se perciban como aparte, o ajenas a las carencias de los sistemas educativos de sus países. Envían a sus hijos a escuelas privadas, o tienen recursos para compensar falencias a nivel individual. Esto conlleva a que no demanden mejoras en la educación, su calidad o nivel de gasto. Por élites, me refiero a la gente o grupos sociales que pueden tener más influencia, incluso en términos de su capacidad de obtener votos.
- Bajo nivel de habilidades es compatible con baja productividad. La cuarta hipótesis es que el sector productivo de los países de la región puede satisfacer sus requerimientos de mano de obra en calidad y cantidad con lo que los sistemas educativos actuales están en capacidad de ofrecer. Es decir, nuestras industrias no necesitan de los niveles de calificación de personal que sí son requisitos en países más industrializados, con industrias mucho más complejas. De ser así el sector productivo no tiene incentivos para exigir una mayor calidad en la educación.
Cabe mencionar que la escuela quizás no es la solución a todos los problemas económicos y sociales, pero independiente de ello es un derecho que nuestros estados tienen la obligación de brindar a todos. Creo que también hay que adoptar un enfoque de derechos. Por supuesto, desde el punto de vista instrumental es claro por qué nos conviene a todos que la educación en nuestros países sea de buena calidad. Pero también finalmente la educación es un derecho fundamental.
Cartas en el asunto, como ciudadanía y como industria
Cada una de estas hipótesis ameritaría una discusión por sí sola. Solo quisiera reiterar que, curiosamente, en términos políticos la educación no es algo tan “taquillero” como, por decir algo, la seguridad, a pesar de que sí se ve esa relación en el largo plazo: Menor nivel de educación genera comportamientos antisociales o conductas de riesgo, como lo mencionabas. También estoy completamente de acuerdo con que el ciclo político seguramente sea de demasiado corto plazo. Entonces los beneficios sociales que tiene la educación no pueden apropiarse a nivel político.
Definitivamente es un panorama preocupante. Pero no quiere decir que no haya casos donde sí hay progreso y donde el movimiento sea posible. Quisiera que me hablaras de estos, en términos de qué soluciones hay, ya sea iniciativas a nivel de gobiernos con voluntad, o casos donde la sociedad logra la acción, Me pregunto qué tipo de soluciones o casos ha habido donde el gobierno no juega un papel tan fundamental; y entidades o asociaciones, ya sea empresas o grupos de ciudadanos por su propia cuenta, quieren realizar algún impacto y logran hacerlo, tal vez no absolutamente independiente del gobierno, pero sí con una menor dependencia. ¿Qué casos conoces en América Latina?
Sí, pues, después de hablar de todos estos escenarios tan negativos y tristes, también algo que nos enseñó la pandemia en el sector educativo es cómo sí pueden existir colaboraciones exitosas entre los sectores públicos y privados para impulsar el acceso a la educación y mejorar la calidad. Vimos muchos casos de los gobiernos de los países de la región que negociaban acuerdos especiales para garantizar el acceso a internet de estudiantes y docentes durante la suspensión de clases presenciales. Y esto lo negociaron con empresas privadas. Sabemos que en Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica estos acuerdos dieron como resultado el acceso gratuito a portales y plataformas educativas, que fue muy importante, especialmente en los primeros meses de la pandemia, donde todo estaba cerrado; lo que permitió que en algunos casos al menos los estudiantes no perdieran totalmente el vínculo con su escuela y pudieran permanecer conectados con sus maestros.
Uruguay es un ejemplo del que se habla mucho. Este país ya contaba con el Plan Ceibal, y la pandemia fue una oportunidad de ampliación de una de las iniciativas públicas más destacadas en el uso de tecnologías puestas al servicio del aprendizaje.
A nivel privado, es notable el Proyecto Colibrí, que es una herramienta online para escuelas y comunidades con un plan de actividad limitada, algo que sucede especialmente con personas rurales; y cuenta con una biblioteca de contenido educativo con licencia abierta. Este es uno de los casos más exitosos de herramientas que tienen contenido de uso libre y que se usan sin internet. Las herramientas del Proyecto Colibrí están disponibles en más de 20 idiomas y ha sido implementada en países de la región como Honduras, México y Chile.
Lo que estas iniciativas nos enseñan es que la voluntad tanto política como de la sociedad civil organizada y del sector privado pueden generar respuestas concretas y efectivas. Idealmente cuando hay coordinación entre ambas. Porque en ninguno de estos ejemplos uno de los grupos pudo hacerlo solo. En el caso del sector público, la voluntad política es el desafío más grande e inmediato.
